Llevo tiempo defendiendo la necesidad de reformar el marco jurídico hipotecario para evitar situaciones de exclusión social de las familias que no pueden hacer frente al préstamo hipotecario. No se trata de ser populista, se trata de buscar un equilibrio entre el poder de la banca y el ciudadano.
Los bancos prestan dinero a los clientes para que puedan adquirir una vivienda, a cambio de un interés y que les devuelvan su capital. Hacen una función social y económica indudable. Las leyes no deben perjudicar el derecho a recobrar los préstamos, pero tampoco fomentar que los analistas de riesgo concedan hipotecas con un riesgo excesivo.
Con el sistema actual, pocos me negaran que las cosas no han ido bien. Las entidades financieras españolas han dejado hipotecas subprime, han permitido el aumento de los precios de la vivienda (con el beneplácito de las tasadoras amigas) y han destinado demasiados recursos al ladrillo en detrimento de otros proyectos empresariales con mayor capacidad de generar riqueza.
Y los errores se deben pagar, si queremos una economía eficiente con unos bancos que acierten en la evaluación de riesgos y en la selección de los proyectos a los que destinan los recursos de los ahorradores. Lo que es del todo indefendible es que se pagaran bonos a los directivos por crecer en volumen de préstamos concedidos y no por la calidad de éstos.
La consigna parecía ser crecer a toda costa, el ladrillo siempre aumenta de valor, si el cliente no nos paga que venda y le damos la hipoteca a otro, o nos quedamos la casa, un activo inmejorable. Lo que no sería una buena señal al mercado es que ahora que la crisis ha demostrado que su estrategia era nefasta, además se les premie con dinero de los contribuyentes para que no quiebren y con prebendas como adjudicarse las casas por el 50% y seguir embargando bienes y nóminas a las familias en la calle.
Las medidas que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros van en la buena dirección, pero se quedan cortas, a mi modo de ver.
Aumento del salario inembargable
Aumentan el salario inembargable en caso de impagos hipotecarios, pasando a ser el primer tramo de 960 euros intocables. Se añade un 30% por cada miembro de la familia sin ingresos o que sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Una medida adecuada, que busca evitar la exclusión social de las familias que han perdido su vivienda y siguen debiendo dinero al banco. Desde el punto de vista social su idoneidad está clara, pero también económicamente hablando. De nada ayuda a la economía tener indigentes con deudas bancarias, que no pueden consumir ni trabajar fuera de la economía sumergida.
Adicae, que califica estas reformas de indignantes, pone un reparo muy importante a esta medida: los avalistas. Para estos padres que avalaron a su hijo, no se aumenta sus ingresos inembargables. Lo que hará el banco es ir contra los avalistas en lugar de contra los titulares de la hipoteca, y lo puede hacer.
Nada dice tampoco de los autónomos, no limitando sus ingresos embargables. Como siempre, el eterno olvidado.
Reformas en la subasta de la vivienda
Lo de la adjudicación por el 50% de su valor si no hay postores era de juzgado de guardia. El Gobierno ha aumentado al 60% el valor mínimo de esta adjudicación. Sigue siendo insuficiente para evitar el riesgo moral que tienen los bancos de conceder hipotecas con tasaciones abultadas y porcentajes elevados. Un 80% sería una medida atrevida, que realmente cambiaría algo. Lo único que es bueno es que marca el camino a seguir para introducir justicia en el sistema. Ahora somos los ciudadanos los que tenemos que presionar, los partidos dependen demasiado de la financiación bancaria para atreverse a desafiarla en exceso.
Se pretende incentivar la participación de más ciudadanos en las subastas, para hacerlas más competitivas (y permitir precios más altos de subasta), mediante la disminución del depósito que se tiene que aportar antes de la subasta para poder participar en ella.
Esta fianza pasa del 30% al 20% del valor del bien subastado. Igual que la anterior medida, va en la buena dirección pero no arregla el problema: las subastas no garantizan una participación suficiente para que los precios sean competitivos. El sistema de subastas debería modificarse de arriba a abajo, no con medidas puntuales.
¿Solucionarán los problemas de las familias hipotecadas, estas medidas?
En absoluto. No se ataca el problema en su inicio, tratar de ayudar a evitar más ejecuciones hipotecarias. La gente seguirá perdiendo sus casas y debiendo dinero a los bancos en muchos casos. Pocos incentivos se han introducido aún en el sistema hipotecario para evitar los mismos errores de la banca que nos han llevado a esta situación. Me temo que sólo la presión popular puede convencer a los políticos de que falta mucho camino por recorrer.