El estado de bienestar
El estado de bienestar es un concepto político-económico que hace referencia a una serie de medidas políticas orientadas a garantizar unos servicios sociales que mejoren la convivencia y la calidad de vida, con cargo a las cuentas públicas. Se trata en sí mismo de desarrollar en la práctica una serie de derechos sociales.
Esta afirmación, en la realidad tiene una complicación económica, puesto que debido a que lo que se pretende es institucionalizar los derechos sociales a modo de que queden garantizados. Sin embargo, el coste de tales servicios que mejoran el nivel de vida de los ciudadanos tienen que tener una partida en los presupuestos públicos, haciendo de este modo que necesariamente haya un incremento de ingresos.
Como norma general, el Estado obtiene la mayor parte de los ingresos mediante la recaudación de impuestos y política fiscal. De tal modo que un incremento del estado de bienestar puede suponer una política fiscal más agresiva, con el consiguiente aumento de impuestos.
Desarrollo del estado de bienestar
Desde tiempos anteriores a la ilustración nacieron teorías sobre si el sistema político debía garantizar el estado de bienestar. Sin embargo fue durante esta época dónde este concepto tomó fuerza.
Posteriormente, todos estos aspectos de los derechos sociales cobraron mucha fuerza durante la segunda mitad del siglo XIX. Especialmente con los movimientos obreros consecuentes de la Revolución Industrial. Tras el crecimiento económico que se produjo en la edad de oro del capitalismo, se hace necesario pensar que es de recibo canalizar parte del excedente económico hacia fines sociales.
Las desigualdades y la pobreza se manifestaron con fuerza en las dos Guerras Mundiales y se hizo necesario el cumplimiento de ciertos objetivos sociales mínimos, tras este período, finalizado en 1945, las Constituciones más modernas tienen presente este concepto. De tal forma que sus sistemas económicos tienen previsto la garantía de unos derechos sociales básicos (sobre todo en países europeos).
El estado de bienestar y el déficit público
Como anteriormente se ha comentado, el hecho de que el Estado garantice unos servicios sociales básicos (como pensiones, desempleo, sanidad, educación, etc.) hace que se destinen partidas presupuestarias enormes de las arcas públicas. Incidiendo de esta manera en el déficit público (al aumentar significativamente los gastos públicos).
El problema viene planteado en Europa. Región dónde está muy arraigada la idea del estado de bienestar por tradición histórica. No obstante, con la creación de la Unión Europea se hizo (y sigue siendo) necesario el armonizar las economías nacionales de los países miembros, de cara a que haya una mayor homogeneidad.
Sobre todo, los órganos que dirigen la política comunitaria prestan un interés especial en el déficit público. Como relación al Producto Interior Bruto de cada país. El sentido de todo esto es que no puede haber un país que descontrole el déficit fiscal, o déficit público, debido a que sería un lastre para los demás, una carga económica.
Así pues, los países miembros de la Unión Europea se encuentran en la encrucijada de una defensa histórica y socialmente justa del estado de bienestar (por tradición y por ley), en contraposición de equilibrar sus presupuestos y no permitir que el déficit fiscal se dispare. Para ello, como se ha comentado al principio, se hace necesario un aumento de los ingresos a través de políticas fiscales más agresivas.