Para aquellas personas preocupadas por los desahucios, es importante saber que Guindos asegura que hasta 120.000 familias se podrán beneficiar de la moratoria en los desahucios.
Hay una realidad que no se puede evitar, no se pueden adoptar medidas que alterne el diseño normal del sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Se debe encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder.
Por otra parte, distintas entidades financieras se han comprometido ya a destinar 6.000 pisos al fondo social de viviendas que se pondrá en marcha y que está destinado al alquiler con precios bajos para las personas que no tengan hogar.
En el futuro, sin embargo, el Gobierno está dispuesto a realizar más cambios. Están dispuestos a hablar de intereses de mora y de tasadoras ya que la vinculación entre bancos y tasadoras ha sido negativa y que hubo cláusulas abusivas en muchas hipotecas.
Problema de las Hipotecas:
El problema en algunas hipotecas, así como en las preferentes, ha sido la comercialización. No obstante, De Guindos ha reiterado que estos cambios nunca pueden ir hacia la demagogia y poner en riesgo el futuro del crédito.
Hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria. Esta cifra se queda muy por debajo de la estimación que el propio ministro dio en Bruselas, cuando habló de más de 600.000 familias.
Las 101 entidades adheridas sólo 28 recibieron 278 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación (de abril a junio). De ellas, 44 acabaron en una reestructuración y ocho en dación en pago, mientras el resto fueron rechazadas por no cumplir las condiciones.
Cabe destacar que entre julio y septiembre se muestra un claro aumento del número de casos tratados, con hasta 722 solicitudes nuevas, de las que 604 se han resuelto, 127 de ellas con reestructuración de la deuda y 34 con dación en pago.
La aprobación del código – al que se acogieron un centenar de entidades – no evitó que en los meses siguientes se intensificara el problema, lo que llevó al Gobierno a aprobar hace unos días una nueva normativa y a proponer una reforma de los requisitos de aplicación del Código de Buenas Prácticas sobre Desahucios.
De las 568 solicitudes recibidas, se habían resuelto hasta junio 278 solicitudes, con una deuda pendiente de 36,5 millones de euros. En ocho casos se ha producido la dación en pago y la consiguiente extinción de la deuda, en 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago, y en el resto de solicitudes han sido rechazadas por la entidad porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas.
