Esta obligación afectará tanto a titulares como a beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas. En el caso de las rentas no declaradas que afloren antes del 30 de noviembre pagarán un gravamen del 8 % o del 10 %.
Como novedad para los Españoles, se va a limitar el pago en efectivo a partir de los 2.500 euros tanto en operaciones mercantiles como de personas físicas con mercantiles.
En cuanto a las modificaciones que se introducen en el impuesto de Sociedades, se podría decir que se encuentran ante el cambio en la forma de liquidación y el fraccionamiento de pagos. Las medidas fiscales vuelven a ser selectivas e inciden en los agentes económicos con mayor capacidad para soportarlas en el corto plazo, además de que deben entenderse como modificaciones tributarias transitorias y vinculadas a momentos extraordinarios que precisan medidas extraordinarias.
El programa de persecución del dinero negro obligará a quienes tengan cuentas en bancos del extranjero a informar sobre a la hacienda estatal, tanto si son titulares como solo autorizados, dicha medida será positiva en la salida de la crisis y contra la economía sumergida.
Los afectados también deberán informar de otros títulos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de entidades, así como de seguros de vida o invalidez, y bienes muebles e inmuebles contratados con entidades establecidas en el extranjero.
Cabe destacar que Hacienda ya puede conocer estas cuentas en el extranjero ya que los contribuyentes deben integrar los saldos en sus declaraciones de impuestos, pero además, los técnicos piden un pacto con los bancosde otros países y con las entidades emisoras de tarjetas de crédito que ayude a aflorar el dinero negro del extranjero. La advertencia, se dirige a los que tienen cuentas en países menos transparentes, caso de Suiza. Precisamente la colaboración entre varias administraciones fiscales europeas permitió a Hacienda descubrir un millar de cuentas opacas en el país helvético hace dos años.
Algunos opinan que hay que elegir entre las opciones de recaudación en una situación excepcional como el actual y el Gobierno ha elegido los instrumentos menos perjudiciales para el crecimiento económico, evitando así el uso de otros que dañarían el consumo y la demanda interna, como sería el caso de la subida del IVA.
Puntualmente se limitaría a 2.500 euros el efectivo que podría manejarse en las transacciones con profesionales.
Montoro ha defendido el real decreto ley insistiendo en que traerá más dinero a las arcas del Estado, lo que permitirá a España ser mirada con mayor confianza.