Según el Govern, se ha indicado que la petición del préstamo para financiarse no implicará nuevos ajustes, subrayando que no aceptará “condiciones políticas” para acceder a estos recursos. Esto último no parece venir de un gobierno acorralado por un déficit fiscal record desde hace años, y que le empujan a emitir bonos con tipos de interés muy superiores a los de mercado, que indican implicitamente la existencia de un riesgo de impago que nadie quiere decir en voz alta.
Según el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, se ha precisado que la Generalitat utilizará estos recursos para cumplir con el déficit público al que está obligado (el 1,5% del PIB a finales) y para refinanciar “vencimientos pendientes” de aquí a final de año.
En este sentido, Cataluña es la región más endeudada, con un total de 42.000 millones de euros de deuda, y también es la comunidad que con más vencimientos de deuda que afrontar en el segundo semestre del año, con 5.775 millones de euros. A finales de noviembre, la Generalitat tiene que hacer frente a un pago de de 2.760 millones. Esta situación ya ha llevado a reconocer en julio que se veía abocada a solicitar el rescate, diciendo, en pocas palabras, que Cataluña no dispone de otro banco que el Gobierno español.
El mismo Homs ha comentado que con esos 5.000 millones de préstamo, el Govern deja clara su voluntad de cumplir con el déficit máximo pactado, que es del 1,5% del PIB, un objetivo que sin embargo es muy difícil de cumplir, considerando que el año pasado la región ha cerrado con un rojo del 3,9% de su PIB.
A pesar de esta ayuda multimillonaria, el Govern no ha descartado ni que de aquí a final de año pueda ponerse en marcha un nuevo plan de ajuste ni tampoco que el Govern renuncie a una nueva emisión de bonos minoristas. Tampoco ha precisado qué calendario maneja para saldar las deudas correspondientes a conciertos sanitarios y educativos y las contraídas con entidades sociales durante el mes de julio, y simplemente ha comentado que se abonarán “tan pronto como se pueda”.
Estas palabras hablan de una comunidad en bancarrota, producto de malas administraciones y de mal control del gasto. Así, Catalunya se une a la Comunidad Valenciana y a Murcia, que ya han confirmado su adhesión al fondo autonómico. Y Aragón también ha mostrado su interés por sumarse al instrumento de financiación del Estado. Todas, en definitiva, están en rojo y necesitan dinero fresco para subsistir.
