La reforma financiera: ¿quién paga la factura?

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Muchas veces el profano en temas bancarios se sorprende de determinadas actuaciones de los bancos, aparentemente en contradicción con el sentido común. Una de ellas, por ejemplo, es que muchas entidades no hagan todo lo posible para no adjudicarse en subasta una vivienda que vale mucho menos que la deuda hipotecaria que contrajo la familia. El sentido común nos diría que es preferible no quedarse la casa, con los costes de mantenimiento asociados a mantenerla vacía y su menor valor, y buscar cualquier otra solución si la hay; carencias de capital, moratorias temporales, adjudicarse la vivienda en propiedad pero dejar que la familia siga en la casa durante un tiempo a cambio de un alquiler, etc.

Sin embargo es la contabilidad lo que está detrás de muchas decisiones aparentemente carentes de sentido. Por ejemplo, mientras el Banco de España no obligue a contabilizar las adjudicaciones de viviendas a un precio de mercado (tal vez un 50%), al banco le queda mejor en balance la adjudicación que la negociación con el que no puede pagar la hipoteca. Y se producen miles de desahucios.

Con argumentos del tipo “la reforma financiera rebajará el precio de la vivienda” Luis De Guindos anuncia una reforma, que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, que prevé un coste de 50.0000 millones de euros este mismo año. La pregunta del millón es, ¿quién pagará la factura?

Que los políticos afirmen impertérritos que no costará nada al ciudadano no parece del todo creíble, dado lo vivido. Analicemos la presentación entregada a los medios sobre la nueva reforma del sistema financiero e intentemos sacar conclusiones. Lo primero que no me acaba de cuadrar es la siguiente afirmación:

La existencia de dudas sobre la valoración de los activos inmobiliarios de las entidades de crédito genera dificultades para acceder al mercado mayorista, por una parte, y escasa financiación al sector privado. En roman paladín, que las casas que tienen los bancos no valen lo que dicen sino mucho menos y, por ello, los mercados mayoristas no les dejan dinero y, además, ellos no dejan dinero a los ciudadanos y empresas. Lo de la desconfianza en los bancos me cuadra, pero que esto sea la causa de que no dejen dinero a los clientes no me acaba de encajar del todo. Suena más a excusa para justificar el dinero que va a costar la reforma.

También se pretende que los bancos empiecen a vender “barato” sus inmuebles, dado que la pérdida ya ha sido reflejada en los balances en forma de provisión.

Nada menos que 175.000 millones de euros representan los activos problemáticos en balances bancarios, un esperpéntico 54,17% del total de activos ligados al crédito promotor valen menos de lo que se dice. Las provisiones rondan el 30% (se acepta en balance que pueden valer un 30% menos de lo que se contabilizó en un inicio). El Gobierno, en cambio, considera que el suelo debe provisionarse en un 80%, las promociones en curso un 65% y el resto (viviendas terminadas) un 35%.

Basta hacer unos cálculos sencillos para ver la magnitud de la reforma (contable):

  • Suelo y promociones en curso: 88.000 millones de euros. Provisionado ya un 31%, a lo que hay que añadir una cantidad hasta llegar al 80% o 65%. A grandes trazos, si hacemos la hipótesis de que cada partida representa un 50%, faltan reflejar provisiones por importe de unos 36.520 millones de euros.
  • Viviendas y resto de activos problemáticos: 87.000 millones, de los que falta provisionar un 8%, 7.040 millones adicionales.
  • Activos inmobiliarios no problemáticos: provisión del 7%, 10.360 millones de euros.

A ojo de buen cubero, 53.920 millones de euros que la banca tendrá que reflejar como minusvalías latentes del ladrillo adjudicado. O en otras palabras, quitar de su beneficio contable este año. Sigamos analizando lo que nos dice el ministro, a ver si nos dice quién paga este dispendio.

Según la presentación entregada a la opinión pública:

Todo ello, sin incidencia en las cuentas públicas.

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Lo siento pero no me lo creo. En realidad se aumenta el capital del FROB de 9.000 a 15.000 millones de euros, mediante una emisión de deuda. Y digan lo que digan, endeudarse significa pagar unos intereses que asumen los contribuyentes.  El argumento del Gobierno es que este dinero se prestará a su vez a los bancos y cajas que lo necesiten mediante bonos convertibles contingentes (a un tipo cercano al 8%).

En teoría esta operación saldría rentable, el endeudamiento de España se paga a un tipo menor. El problema es qué pasará sin entidades a las que se ha prestado dinero resultan fallidas. Y la respuesta, me temo, es que acabaremos pagando todos los errores de esas entidades, con dinero público.

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