Hace ya años que determinados bancos, sobretodo extranjeros, dejaron de ver como una buena inversión la financiación al sector público español. Recuerdo una conversación con un empleado de una de estas entidades que, indignado, me decía que les habían cerrado la posibilidad de conceder préstamos o líneas de crédito a las administraciones públicas y, sin embargo, les empujaban a colocar deuda “patriótica” de determinadas comunidades autónomos. Me venía a decir:
El banco no se fía de las CC.AA. y a las sucursales nos fuerzan a colocar sus bonos “patrióticos” a nuestros clientes, ya que las comisiones por ello son cuantiosas.
Lo primero que pensé es que da gusto conocer bancarios honestos, que los hay y muchos. Lo segundo, que estábamos a las puertas de la restricción del crédito al sector público, segundo damnificado después del privado.
Si bien es cierto que la banca patria ha aumentado su exposición a la deuda soberana española, que por mucho riesgo de salida del euro que se ponga encima de la mesa está garantizada de forma absoluta por la Constitución y ofrece atractivas rentabilidades, está dejando de prestar vía crédito a las administraciones públicas. Los grandes bancos disminuyen el préstamo directo a los diferentes niveles de la administración, destacando La Caixa, cuyo descenso ha sido de más del 45%.
La situación de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas es realmente preocupante; si rigiera el derecho privado, haría tiempo que estarían obligados a presentar un concurso de acreedores y cerrar sus puertas. Dado que la deuda de las CC.AA. no está avalada por el Estado ni por ningún Fondo de Garantía, su riesgo es mayor que la deuda pública estatal o, incluso, que los mismos depósitos bancarios.
Esta realidad conlleva que el inversor institucional exija una rentabilidad superior o, simplemente no compre bonos patrióticos en absoluto. Ello llevó a varias comunidades a endeudarse con el ahorrador particular, usando las armas comerciales de los bancos (a los que ofrece atractivas comisiones sin riesgo alguno). Ya en su momento alerté del riesgo de los bonos autonómicos; para amortizar las primeras emisiones se recurre a nuevas emisiones o a créditos bancarios. Pero sin un aumento de los ingresos y una reducción notable de los gastos públicos, lo único que se genera es más y más deuda.
¿Y qué ocurre cuando los bancos dejan de prestar dinero y los ciudadanos ahorradores no compran bonos de las CC.AA, por desconfianza?
Que la rueda se para y los problemas de impago a los bonistas particulares se vuelven una realidad. De momento tenemos a la Generalitat de Valencia reunida con los bancos para intentar que compren su nueva emisión de bonos (cuyo éxito entre particulares está siendo más que reducido), que intensifiquen la labor comercial de sus sucursales o, que acepten concederle un crédito sindicado.
No dejen que la insistencia del director de sucursal nuble su análisis: no compre bonos patrióticos a un tipo de interés como el que ofrecen. Mucho riesgo para tan poca rentabilidad.
